Los delitos contra la libertad están regulados principalmente en los artículos 163 a 172 ter del Código Penal y pueden incluir detenciones ilegales, secuestros, amenazas, coacciones y acoso. En Madrid, la investigación corresponde, por regla general, a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia competente por el lugar de los hechos; el órgano que celebra el juicio depende del delito y de la pena prevista.
Qué conductas pueden constituir un delito contra la libertad
El Código Penal no trata estas conductas como una categoría única con una sola pena. La detención ilegal y el secuestro se regulan en los artículos 163 a 168; las amenazas, en los artículos 169 a 171; las coacciones, en el artículo 172, y el acoso reiterado —también llamado stalking—, en el artículo 172 ter. La calificación depende de lo ocurrido y de las circunstancias concretas.
Por ejemplo, privar a alguien de su libertad sin causa legal puede encajar en detención ilegal, mientras que obligarle mediante violencia o intimidación a hacer algo contra su voluntad puede constituir coacciones. Para valorar una denuncia conviene conservar mensajes, grabaciones obtenidas legalmente, partes médicos, datos de testigos y una relación cronológica de los hechos.
| Conducta | Referencia legal | Aspecto relevante |
|---|---|---|
| Detención ilegal | Artículos 163 a 168 del Código Penal | Privación de libertad sin autorización o justificación legal. |
| Secuestro | Artículo 164 | Detención condicionada a la exigencia de una condición para la liberación. |
| Amenazas | Artículos 169 a 171 | La calificación varía según el mal anunciado y las condiciones del caso. |
| Coacciones | Artículo 172 | Violencia o intimidación empleada para impedir u obligar a actuar. |
| Acoso reiterado | Artículo 172 ter | Conductas insistentes que alteran el desarrollo normal de la vida de la persona afectada. |
Qué juzgados intervienen en Madrid
En Madrid, la fase de investigación corresponde normalmente a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia del partido judicial donde se cometieron los hechos, conforme a las reglas territoriales de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Si los hechos ocurrieron en la ciudad de Madrid, puede intervenir el Tribunal de Instancia de Madrid. La determinación concreta depende del lugar y de las circunstancias del caso.
No existe un juzgado especializado exclusivamente en delitos contra la libertad. Tras la instrucción, el juicio puede corresponder a un órgano penal o a la Audiencia Provincial de Madrid, según la clase de delito y la pena legalmente prevista. La legislación penal aplicable es estatal: el artículo 149.1.6 de la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre legislación penal, por lo que la Comunidad de Madrid no cuenta con un código penal propio para estas conductas.
Cómo actuar y preparar una denuncia
La denuncia puede presentarse ante la Policía, la Guardia Civil, el juzgado de guardia o el Ministerio Fiscal. Si existe peligro inmediato, debe solicitarse ayuda urgente a los servicios de emergencia. La denuncia debe describir los hechos con fechas, lugares, personas implicadas y pruebas disponibles, evitando alterar o borrar mensajes y otros registros relacionados.
En Madrid, una abogada o abogado penalista puede orientar sobre la personación como acusación particular, la solicitud de medidas de protección y la conservación de pruebas. La defensa también resulta relevante si una persona está investigada: tiene derecho a conocer los hechos que se le atribuyen, a guardar silencio y a contar con asistencia letrada conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
- Prioriza la seguridad: si la conducta continúa o hay riesgo inmediato, contacta con los servicios de emergencia y busca un lugar seguro.
- Conserva las pruebas: guarda mensajes, correos, documentos y datos de testigos; anota fechas y circunstancias sin modificar los archivos originales.
- Presenta la denuncia: relata los hechos de forma ordenada y entrega copias de las pruebas disponibles. Solicita justificante de la denuncia.
- Consulta la intervención letrada: pregunta cómo ejercer la acusación particular o preparar la defensa y qué medidas cautelares pueden solicitarse en el procedimiento.
Advertencia sobre la detención: el artículo 17.2 de la Constitución establece que la detención preventiva no puede durar más del tiempo estrictamente necesario y fija un máximo de 72 horas antes de la puesta en libertad o a disposición judicial. Si la detención está en curso y se considera ilegal, el procedimiento de habeas corpus regulado por la Ley Orgánica 6/1984 permite solicitar el control judicial inmediato; no conviene esperar a que termine el plazo para pedir asistencia.
Asistencia letrada y derechos de la víctima
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) gestiona la orientación y los trámites de justicia gratuita en su ámbito, de acuerdo con la Ley 1/1996, de asistencia jurídica gratuita. La concesión depende de los requisitos legales y económicos aplicables; pedir orientación no significa que la asistencia gratuita se reconozca automáticamente.
La Ley 4/2015, del Estatuto de la víctima del delito, reconoce derechos de información, protección y participación durante el procedimiento. Según el riesgo y las circunstancias, el juzgado puede valorar medidas cautelares previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Una orden de alejamiento no se concede automáticamente por presentar una denuncia: debe solicitarse y resolverse judicialmente atendiendo a los requisitos legales.
Normativa y fuentes oficiales
Las normas principales para consultar son el Código Penal, aprobado por la Ley Orgánica 10/1995; la Ley de Enjuiciamiento Criminal; la Constitución Española, y la Ley Orgánica 6/1984, reguladora del procedimiento de habeas corpus. Sus textos consolidados pueden consultarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE), fuente oficial de publicación de la legislación estatal.
Para los derechos y la asistencia a víctimas también resulta aplicable la Ley 4/2015 y su normativa de desarrollo. La organización de los órganos judiciales debe comprobarse conforme a la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, y a la implantación de los Tribunales de Instancia establecida por la Ley Orgánica 1/2025.
Lecturas relacionadas
La delimitación entre delitos contra la libertad y otros delitos patrimoniales puede ser útil para entender qué aspectos se analizan en cada procedimiento. Puedes consultar el artículo sobre delitos contra la propiedad industrial.
Si el asunto se relaciona con la protección de obras, marcas u otras creaciones, también puedes leer la información sobre delitos contra la propiedad intelectual.
Preguntas frecuentes
¿Puede solicitarse una orden de alejamiento antes del juicio en Madrid?
Sí. Puede pedirse como medida cautelar durante la investigación, pero no se concede automáticamente al denunciar. El órgano judicial debe valorar los hechos, el riesgo y los requisitos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
¿Cómo se solicita justicia gratuita para un procedimiento penal en Madrid?
La solicitud se tramita conforme a la Ley 1/1996 y a sus requisitos. En Madrid, el ICAM ofrece información sobre el procedimiento y la documentación necesaria; la concesión depende de que se cumplan las condiciones legales.
¿Una víctima de amenazas tiene que personarse como acusación particular para que se investiguen?
No necesariamente. La intervención como acusación particular es una forma de participar directamente en el proceso, pero la necesidad de denuncia de la persona afectada depende del tipo concreto de amenaza y de la modalidad delictiva aplicable.
¿Qué ocurre si una persona funcionaria participa en una detención ilegal?
El artículo 167 del Código Penal contempla supuestos específicos de detención ilegal cometida por autoridad o funcionario público. La calificación requiere examinar quién intervino, qué facultades tenía y cómo se produjo la privación de libertad.
Contenido generado con inteligencia artificial. Tiene carácter informativo general y no constituye asesoramiento jurídico. Para su caso concreto, consulte con un abogado colegiado. Última revisión: agosto de 2026.
