El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) obliga a las entidades que tratan datos personales a demostrar que cumplen sus principios y a proteger esa información. Si una brecha de seguridad puede entrañar un riesgo para las personas, el responsable debe notificarla a la autoridad de control, cuando proceda, en un máximo de 72 horas desde que tenga constancia, conforme al artículo 33 del RGPD.
Qué normas se aplican y quién debe cumplirlas
La normativa principal es el Reglamento (UE) 2016/679, conocido como RGPD, junto con la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD). Se aplica a empresas, profesionales autónomos, asociaciones y administraciones cuando tratan datos personales en el marco de sus actividades. El tamaño de la entidad no elimina estas obligaciones.
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El responsable del tratamiento debe cumplir, entre otros, los principios de licitud, transparencia, limitación de la finalidad y minimización de datos del artículo 5 del RGPD. Además, el artículo 24 exige implantar medidas apropiadas y poder acreditar el cumplimiento. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) es la autoridad de control competente para la mayoría de las entidades privadas.
| Obligación | Referencia | Aplicación práctica |
|---|---|---|
| Responsabilidad proactiva | Artículo 24 RGPD | Documentar medidas y decisiones de cumplimiento. |
| Registro de actividades | Artículo 30 RGPD | Describir tratamientos, finalidades, categorías de datos y destinatarios, cuando resulte exigible. |
| Seguridad | Artículo 32 RGPD | Aplicar medidas técnicas y organizativas adecuadas al riesgo. |
| Notificación de brechas | Artículo 33 RGPD | Notificar a la autoridad, si procede, dentro de las 72 horas desde que se conoce la brecha. |
| Evaluación de impacto | Artículo 35 RGPD | Realizarla antes de tratamientos que probablemente entrañen alto riesgo. |
Cómo organizar el cumplimiento en una empresa
El cumplimiento no consiste en conservar un documento genérico: debe reflejar los tratamientos reales, las finalidades y las medidas aplicadas. El RGPD establece un enfoque basado en el riesgo, por lo que las medidas dependen, entre otros factores, del tipo de datos, el volumen tratado, las personas afectadas y el uso de tecnologías.
Una revisión jurídica puede ayudar a determinar la base legal de cada tratamiento, revisar la información de privacidad y los contratos con encargados, y valorar si es obligatorio designar un delegado de protección de datos. El artículo 37 del RGPD establece supuestos concretos de designación obligatoria, como determinados tratamientos realizados por autoridades u organismos públicos y actividades principales que implican observación habitual y sistemática a gran escala.
- Identificar tratamientos: localizar qué datos se recogen, de quién, para qué finalidad y durante cuánto tiempo se conservan.
- Comprobar la base jurídica: verificar si cada uso se apoya en consentimiento, contrato, obligación legal u otra base del artículo 6 del RGPD.
- Revisar transparencia y derechos: facilitar información clara y establecer cómo se tramitan las solicitudes de acceso, rectificación, supresión, oposición y demás derechos.
- Evaluar riesgos y seguridad: aplicar medidas proporcionadas y efectuar una evaluación de impacto antes del tratamiento cuando lo exija el artículo 35.
- Documentar y revisar: conservar evidencias de las decisiones, formar al personal y actualizar las medidas cuando cambien los tratamientos.
Brechas de seguridad, reclamaciones y sanciones
Una brecha puede afectar a la confidencialidad, integridad o disponibilidad de datos personales. El responsable debe documentar cualquier brecha, incluidos sus efectos y las medidas correctivas. Si es probable que entrañe un riesgo para los derechos y libertades, debe notificarla a la AEPD sin dilación indebida y, cuando sea posible, dentro de las 72 horas desde que tenga constancia. Si existe un alto riesgo, también puede ser obligatorio comunicarla a las personas afectadas, conforme al artículo 34.
El incumplimiento puede dar lugar a medidas correctivas y multas administrativas. Según el artículo 83 del RGPD, determinadas infracciones pueden sancionarse con hasta 20 millones de euros o, si se trata de una empresa, hasta el 4 % del volumen de negocio total anual global del ejercicio anterior, aplicándose la cuantía más elevada. La sanción concreta depende de los criterios legales y de las circunstancias del caso; no toda infracción conlleva automáticamente el máximo.
Advertencia: si la entidad descubre una brecha, debe iniciar de inmediato la evaluación y documentar cuándo tuvo constancia. Esperar a completar una investigación interna no suspende el plazo de 72 horas previsto en el artículo 33. Si no puede facilitar toda la información en una sola comunicación, el RGPD permite aportarla por fases sin dilación indebida.
Particularidades prácticas para tramitar el asunto desde Valladolid
La gestión de una reclamación de protección de datos no se presenta ante un juzgado por el mero hecho de que la empresa o la persona afectada esté en Valladolid: la AEPD es la autoridad estatal de control para la mayoría de las entidades privadas. Las reclamaciones y notificaciones se tramitan ante dicha autoridad conforme al RGPD y a la LOPDGDD, con independencia de la localidad donde opere la organización.
Si una resolución de la AEPD se impugna judicialmente, la competencia contencioso-administrativa se determina por la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa; para los actos de una autoridad estatal, el artículo 11.1.a atribuye competencia a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. En litigios civiles vinculados a daños o derechos, la competencia se analiza según las reglas procesales aplicables y las circunstancias del caso. Para orientación profesional local puede acudirse al Ilustre Colegio de la Abogacía de Valladolid (ICAVA).
Qué revisar al buscar asesoramiento en protección de datos
Conviene concretar si se necesita una auditoría inicial, apoyo para atender derechos, revisión de contratos, evaluación de impacto o asistencia tras una brecha. La propuesta profesional debería delimitar las tareas, los tratamientos incluidos y la forma de documentar las medidas. El coste depende del alcance, la complejidad de los tratamientos y el trabajo requerido; es recomendable solicitar un presupuesto detallado antes de encargar el servicio.
En el directorio pueden consultarse, entre otras, las fichas de Versus Estudio Jurídico, Nt Abogados, Helena Pascual Rodríguez y Arpa Abogados Consultores. También figuran las fichas de Avata Hispania-Valladolid, Antonio Vallejo San José – Abogados, Datages Consulting y CE Consulting Empresarial Valladolid.
Para otros asuntos jurídicos locales, puedes consultar también la información sobre especialistas en curatela en Valladolid y sobre dación en pago en Valladolid. Como fuentes oficiales para comprobar la normativa vigente en 2026, consulta el texto del RGPD en el Diario Oficial de la Unión Europea, la LOPDGDD en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y los recursos de la Agencia Española de Protección de Datos.
Preguntas frecuentes
¿A qué autoridad debe comunicar una empresa de Valladolid una brecha de datos?
En la mayoría de los casos, debe dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), autoridad estatal de control. La notificación corresponde cuando la brecha entraña un riesgo para los derechos y libertades de las personas.
¿El ICAVA tramita reclamaciones contra empresas por incumplir el RGPD?
No. El Ilustre Colegio de la Abogacía de Valladolid es una corporación profesional y no sustituye a la autoridad de control. Las reclamaciones de protección de datos frente a entidades privadas se presentan, por regla general, ante la AEPD.
¿Qué juzgado de Valladolid revisa una multa impuesta por la AEPD?
La impugnación judicial de actos de una autoridad estatal como la AEPD corresponde, conforme al artículo 11.1.a de la Ley 29/1998, a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, no a un juzgado local por razón de que la empresa esté en Valladolid.
¿Debe una pequeña empresa de Valladolid nombrar siempre un delegado de protección de datos?
No necesariamente. La obligación depende de los supuestos del artículo 37 del RGPD y del artículo 34 de la LOPDGDD; por ejemplo, puede surgir por la naturaleza de la actividad principal o por la condición de autoridad u organismo público.
¿Puede una persona reclamar daños por un tratamiento de datos realizado por una empresa vallisoletana?
El artículo 82 del RGPD reconoce el derecho a indemnización cuando se sufre un daño material o inmaterial como consecuencia de una infracción del Reglamento. La vía y el órgano judicial competente dependen de los hechos y de las reglas procesales aplicables.
Contenido generado con inteligencia artificial. Tiene carácter informativo general y no constituye asesoramiento jurídico. Para su caso concreto, consulte con un abogado colegiado. Última revisión: agosto de 2026.
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