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Abogados en Girona
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Preguntas Frecuentes (FAQs)
La prevaricación es un delito que afecta profundamente la confianza en el sistema judicial y administrativo. Cuando un funcionario o autoridad dicta resoluciones injustas a sabiendas, no solo está cometiendo una falta ética, sino también un delito que puede acarrear serias consecuencias legales. Este artículo abordará las diversas facetas de la prevaricación, cómo actuar ante tales acusaciones y cómo un abogado puede ofrecer la defensa necesaria.
La comprensión de este delito es crucial para cualquier persona que se encuentre en una posición de autoridad. Aquí, exploraremos en detalle qué implica la prevaricación y cómo un abogado puede ser tu mejor aliado en momentos de acusación.
La prevaricación se produce cuando un funcionario público dicta una resolución manifiestamente injusta, sabiendo que es ilegal. Este tipo de delito puede tener consecuencias severas tanto para el individuo como para la administración pública.
Las consecuencias legales de la prevaricación pueden incluir penas de inhabilitación, que varían dependiendo del caso. La inhabilitación puede durar de 9 a 15 años, afectando la capacidad del funcionario para ocupar cargos públicos en el futuro. Además, la resolución injusta puede ser anulada, lo que puede implicar una pérdida de confianza en el sistema judicial.
El Código Penal establece que la prevaricación es un delito de mera actividad, lo que significa que se consume en el momento de dictar la resolución, independientemente de que se produzcan daños posteriormente. Por lo tanto, es vital actuar con rapidez si se enfrenta a una acusación de este tipo.
El delito de prevaricación está definido legalmente y se centra en la acción de dictar resoluciones injustas. Para que se considere que ha habido prevaricación, es necesario que se cumplan ciertos requisitos.
Primero, la resolución debe ser manifiestamente ilegal. Esto significa que cualquier persona con un conocimiento básico de la ley podría identificar la ilegalidad de la decisión. Segundo, debe existir dolo, es decir, la intención consciente de actuar de manera injusta.
Cuando un funcionario actúa en este contexto, el impacto puede ser devastador, no solo para los afectados por la resolución, sino también para la administración pública en su conjunto. Por lo tanto, es esencial que el funcionario cuente con una buena defensa legal.
La prevaricación administrativa es un tipo específico que se refiere a acciones realizadas por funcionarios públicos en el ámbito administrativo. Este delito se produce cuando se dictan resoluciones arbitrarias o injustas que afectan a terceros.
Cómo actuar ante una acusación de prevaricación es fundamental. Primero, es vital recopilar pruebas que demuestren que la decisión tomada no era arbitraria y que se actuó conforme a la ley. Esto puede incluir documentación, correos electrónicos y testimonios.
Es importante también contar con el asesoramiento de un abogado especializado en derecho administrativo. Este profesional podrá guiarte a través del proceso legal y ayudarte a preparar una defensa sólida.
La prevaricación judicial involucra a jueces y magistrados que dictan resoluciones sabiendo que son injustas. Este tipo de prevaricación es especialmente grave dado el papel que tienen los jueces en la administración de justicia.
Las consecuencias legales para un juez acusado de prevaricación pueden ser severas, incluyendo la inhabilitación y la pérdida de su cargo. En estos casos, la defensa legal es aún más crucial, dado que la reputación y carrera de la persona se encuentran en juego.
Un abogado con experiencia en defensa de este tipo de delitos puede ayudar a demostrar que no hubo intención dolosa, lo que puede reducir las penalizaciones.
La negativa de un juez a juzgar no necesariamente constituye prevaricación. Para que se considere como tal, debe demostrarse que hay una resolución injusta dictada a sabiendas.
En muchos casos, los jueces pueden negarse a juzgar por razones legítimas, como falta de competencia o conflictos de interés. Sin embargo, si se determina que la negativa es, de hecho, una resolución injusta, podría ser objeto de acusación por prevaricación.
Es vital que los jueces comprendan sus deberes y límites, y siempre es recomendable buscar asesoría legal en situaciones donde pueda haber dudas sobre la legalidad de sus decisiones.
Efectivamente, existen diferentes tipos de prevaricación, siendo las más relevantes la prevaricación administrativa y la prevaricación judicial. Ambas tienen en común la emisión de resoluciones injustas, pero se diferencian por el tipo de autoridad que las emite.
Las penas para estos delitos pueden variar. En el caso de la prevaricación administrativa, las sanciones pueden ir de 9 a 15 años de inhabilitación, mientras que las penas para la prevaricación judicial pueden ser aún más severas, dado el impacto que tienen en el sistema judicial.
La gravedad de las penas refleja la seriedad de este tipo de delitos, por lo que se aconseja encarecidamente buscar la defensa de un abogado especializado en este tipo de casos.
La defensa legal es esencial al enfrentar acusaciones de prevaricación. Un abogado especializado en este tipo de delitos puede proporcionar una serie de servicios críticos.
Primero, evaluará los hechos del caso y la evidencia disponible. Esto es crucial para determinar si hay bases sólidas para la acusación. En segundo lugar, el abogado puede ayudar a preparar una estrategia de defensa, que podría incluir demostrar que no existió dolo o que la resolución no era manifiestamente ilegal.
Además, un abogado puede asesorar sobre cómo presentar los hechos de manera efectiva ante el tribunal. Esto incluye la recopilación de testimonios, documentación y cualquier otro tipo de evidencia que respalde la defensa.
La prevaricación es un delito cometido por un funcionario público que dicta una resolución injusta a sabiendas. Este delito puede generar graves consecuencias tanto para el funcionario como para el sistema administrativo.
El abogado especializado en este ámbito es fundamental para entender las complejidades del caso y brindar la mejor defensa legal.
El delito cometido es el de prevaricación administrativa, que implica la emisión de una resolución que se sabe ilegal. Este acto perjudica tanto a las personas afectadas como a la confianza en las instituciones.
Un abogado puede ayudar a demostrar que no existió intención dolosa y que la resolución no era arbitraria, lo cual puede ser determinante en la defensa.
Los tipos principales de prevaricación son:
Cada tipo tiene sus propias características y consecuencias legales, siendo esencial comprenderlas para una defensa adecuada.
Los abogados pueden incurrir en varios delitos, incluyendo la prevaricación. Además, pueden estar involucrados en delitos de corrupción, malversación y otros relacionados con el ejercicio de su profesión.
Es vital que cada abogado se mantenga dentro de los límites de la legalidad para evitar consecuencias severas.
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Disclaimer: Este contenido tiene carácter informativo. Cada caso requiere un análisis personalizado. Consulte con un abogado colegiado.
Nota de transparencia: Este contenido ha sido elaborado con apoyo de herramientas de inteligencia artificial para garantizar una redacción precisa y actualizada sobre el tema, y ha sido revisado por el equipo editorial de Asesor.Legal antes de su publicación.
Autor: Equipo editorial de Asesor.Legal
El uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades policiales es un tema que ha cobrado gran relevancia en la sociedad actual. Muchas personas se encuentran en situaciones donde se sienten perjudicadas por abusos de poder, pero no saben cómo proceder. En este artículo, se ofrecerán las claves para entender cómo denunciar, qué pruebas recabar y cómo solicitar una indemnización en caso de ser víctima de este tipo de abusos.
A través de esta guía, se explicarán los pasos a seguir y se proporcionará información sobre los derechos que tienen las víctimas, así como el proceso de indemnización que se puede llevar a cabo.
El uso excesivo de la fuerza se refiere a situaciones en las que la fuerza empleada por un agente de la autoridad es desproporcionada en relación con la amenaza que enfrenta. Se puede considerar como tal en los siguientes casos:
Es fundamental entender que el abuso de fuerza puede manifestarse de diversas maneras, incluyendo golpes, uso de armas o restricciones ilegítimas. La línea entre el cumplimiento del deber y el abuso puede ser difusa, pero es vital saber identificar cuándo se cruza esta línea.
Si has sido víctima de uso excesivo de la fuerza, es esencial actuar rápidamente. Aquí te presentamos algunos pasos que puedes seguir:
Cada uno de estos pasos es crucial para garantizar que tu reclamación sea efectiva. La documentación y la rapidez con la que actúes pueden marcar la diferencia en el resultado de tu caso.
Las denuncias por abuso policial pueden presentarse en diversos lugares. Aquí te detallamos algunas opciones disponibles:
Es recomendable que elijas la opción que más se adapte a tu caso y que asegures que tu denuncia se registre correctamente. El hecho de presentar una denuncia es un paso valioso para buscar justicia y rendición de cuentas.
La recopilación de pruebas es vital para sustentar una reclamación por uso excesivo de la fuerza. A continuación, se detallan las pruebas más efectivas que puedes reunir:
Contar con un conjunto sólido de pruebas aumentará las posibilidades de éxito en tu reclamación. La claridad y la consistencia en la documentación son factores clave para el proceso legal.
Las víctimas de fuerza excesiva tienen derechos que deben ser respetados y protegidos. Aquí algunos de ellos:
Es fundamental que conozcas tus derechos, ya que esto te permitirá actuar con mayor seguridad y confianza en cada etapa del proceso.
El proceso de indemnización por abuso policial puede ser complejo, pero a grandes rasgos, se desarrolla de la siguiente manera:
Recuerda que este proceso puede variar dependiendo de la jurisdicción. Por lo tanto, es recomendable que busques la asesoría de un abogado especializado en derechos civiles para que te acompañe.
Si te enfrentas a la imposibilidad de pagar una indemnización, existen recursos que pueden ayudarte. Algunas de las opciones son:
Es importante que no te desanimes si te enfrentas a dificultades financieras; hay recursos y organizaciones que pueden brindarte apoyo en estos casos.
Para denunciar el abuso de autoridad, puedes acudir a la comisaría local, la Oficina del Defensor del Pueblo o solicitar asistencia en organizaciones de derechos humanos. Es fundamental asegurarte de que tu denuncia esté bien documentada y presentada formalmente.
El uso excesivo de la fuerza se define como aquella acción policial que excede los límites razonables en relación con la amenaza que enfrenta. Esto incluye agresiones físicas injustificadas, uso desproporcionado de armas y otros métodos de coerción que no son necesarios en la situación.
Cuando un policía abusa de su poder, se habla de mala conducta policial o abuso de autoridad. Estos términos se utilizan comúnmente en el contexto legal para referirse a acciones ilícitas o abusivas por parte de agentes de la ley.
Para realizar una denuncia por abuso de autoridad, debes seguir los pasos de presentación de pruebas, buscar el asesoramiento de un abogado y acudir a la entidad adecuada, como una comisaría de policía o una oficina de derechos humanos. La documentación adecuada es clave para que tu denuncia tenga peso legal.
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Autor: Equipo editorial de Asesor.Legal
El Impuesto sobre el Patrimonio en España representa una carga significativa para muchos contribuyentes. Este tributo grava la riqueza neta de las personas a 31 de diciembre de cada año, lo que puede generar un impacto considerable si no se gestiona adecuadamente. Por lo tanto, es fundamental entender cuándo es necesario recurrir a un asesoramiento legal para optimizar la carga fiscal.
A lo largo de este artículo, exploraremos los aspectos más relevantes del Impuesto sobre el Patrimonio, incluyendo sus características, los bienes que se gravan, y las estrategias legales para reducir su impacto. Además, discutiremos la importancia de contar con asesores fiscales especializados en esta materia.
El Impuesto sobre el Patrimonio es un tributo que grava el valor de los bienes y derechos de las personas físicas a 31 de diciembre de cada año. Este impuesto es de carácter autonómico, lo que significa que cada comunidad autónoma tiene la capacidad de establecer sus propias normas y tipos impositivos.
Los contribuyentes deben presentar una declaración anual si su patrimonio neto supera el umbral establecido por la legislación de su comunidad. En general, este umbral se sitúa en torno a los 700,000 euros, aunque Madrid y otras regiones tienen bonificaciones significativas.
Es indispensable destacar que este impuesto incluye una amplia variedad de bienes, tales como inmuebles, vehículos, valores mobiliarios y seguros de vida. Sin embargo, existen exenciones que pueden aplicarse a ciertos activos, lo que hace aún más importante la planificación fiscal.
La obligación de presentar el Impuesto sobre el Patrimonio recae en aquellos contribuyentes cuyo patrimonio neto supere el umbral establecido por la normativa de su comunidad autónoma. Sin embargo, hay excepciones. Por ejemplo, en Madrid, las bonificaciones son elevadas y pueden hacer que muchos contribuyentes no necesiten presentar la declaración.
La declaración debe ser presentada por todas las personas físicas que posean bienes en España, independientemente de su residencia. Esto incluye a ciudadanos españoles y extranjeros que tengan bienes en el país.
Además, es importante tener en cuenta que las sociedades patrimoniales, que son entidades creadas para gestionar patrimonio familiar, también están sujetas a este impuesto. Por lo tanto, es recomendable contar con un asesor legal para evitar posibles sanciones y optimizar la planificación fiscal.
No todos los bienes están sujetos al Impuesto sobre el Patrimonio. Existen ciertos activos que gozan de exenciones, lo que puede ser clave para la planificación fiscal. A continuación, algunos ejemplos de bienes que pueden estar exentos:
Es crucial informarse sobre las exenciones que pueden aplicar en cada comunidad autónoma. Un abogado especializado en fiscalidad puede ayudarte a identificar los bienes que pueden estar exentos y optimizar así tu carga fiscal.
El cálculo del Impuesto sobre el Patrimonio se realiza en base al patrimonio neto que posee una persona. Este patrimonio se determina restando las deudas y cargas que se tengan a los bienes y derechos que pertenecen al contribuyente.
El proceso de cálculo puede ser complejo y requiere un análisis detallado de los activos. Por lo general, se siguen estos pasos:
Es recomendable realizar esta evaluación con el apoyo de un asesor fiscal para garantizar que se considere toda la legislación vigente y las posibles deducciones.
Reducir la carga fiscal del Impuesto sobre el Patrimonio es posible mediante diversas estrategias legales. Aquí se presentan algunas de las más efectivas:
Es fundamental que cualquier estrategia implementada sea revisada por un abogado colegiado para asegurar que cumple con la normativa y no incurre en el riesgo de sanciones.
Contar con un asesoramiento fiscal especializado trae consigo múltiples beneficios. Algunos de los más destacados son:
La correcta gestión del Impuesto sobre el Patrimonio es esencial para proteger tu riqueza y asegurar una planificación fiscal adecuada.
En Madrid, el mínimo exento del Impuesto sobre el Patrimonio es de 700,000 euros. Esto significa que aquellos contribuyentes cuyos patrimonios netos se encuentren por debajo de este umbral no están obligados a presentar la declaración. Sin embargo, a pesar de esta exención, es recomendable consultar con un asesor fiscal para evaluar si se pueden aplicar otras estrategias que optimicen la situación fiscal.
El impuesto de patrimonio debe ser pagado por todas las personas físicas que posean un patrimonio neto superior al umbral establecido por la normativa de su comunidad autónoma. Esta obligación incluye tanto a residentes como a no residentes que tengan bienes en España. La falta de pago puede resultar en importantes sanciones, lo que hace aún más crucial la consulta con un abogado colegiado que brinde asesoramiento adecuado.
No pagar el Impuesto sobre el Patrimonio puede conllevar serias consecuencias. Las sanciones pueden variar desde recargos por el impago hasta multas que pueden alcanzar el 150% del importe que debió haberse pagado. Además, la Agencia Tributaria puede iniciar procedimientos de embargo sobre los bienes del contribuyente, lo que resulta en problemas financieros y legales significativos.
Los contribuyentes están obligados a presentar la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio cuando su patrimonio neto supera el umbral establecido en su comunidad autónoma, generalmente fijado en 700,000 euros. La presentación debe hacerse anualmente, y es importante verificar las fechas límite específicas para evitar sanciones.
Las empresas, en general, no están sujetas al Impuesto sobre el Patrimonio, ya que este tributo afecta únicamente a las personas físicas. Sin embargo, las sociedades patrimoniales, que gestionan patrimonios familiares, están obligadas a presentar este impuesto. Por eso, siempre es recomendable consultar con un asesor legal que pueda brindar una guía adecuada.
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Abogado de derecho fiscal en Fiscal
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Autor: Equipo editorial de Asesor.Legal
El alquiler de viviendas es una actividad cada vez más común, pero también conlleva riesgos significativos para los propietarios. En 2026, estos riesgos se intensificarán, dado el contexto económico y social actual. Este artículo tiene como objetivo ofrecerte una guía práctica para entender cómo puedes protegerte y prevenir impagos al alquilar tu vivienda.
El uso de herramientas como la inteligencia artificial puede facilitar el proceso de selección de inquilinos y la gestión de arrendamientos. Además, es esencial conocer las estrategias y recursos disponibles que pueden ayudarte a minimizar los riesgos de morosidad y asegurar una experiencia positiva en el alquiler de tu propiedad.
Un seguro de impago de alquiler es una herramienta diseñada para proteger a los propietarios ante el riesgo de que un inquilino no pague el alquiler. Este tipo de seguro se activa cuando el inquilino incumple con sus obligaciones de pago, lo que permite al propietario recibir una compensación por parte de la aseguradora.
El funcionamiento es bastante sencillo. Una vez que el propietario contrata el seguro, debe notificar a la aseguradora sobre el impago. La compañía, tras verificar la situación, procederá a indemnizar al propietario según las condiciones establecidas en la póliza.
Este tipo de seguros son especialmente útiles en el contexto actual, donde la morosidad puede ser un riesgo elevado. En 2026, se espera que estos seguros sean aún más relevantes debido a las fluctuaciones económicas y cambios en el mercado laboral.
Los seguros de impago de alquiler suelen ofrecer distintas coberturas que varían según la aseguradora. Algunas de las más comunes incluyen:
Al contratar un seguro de este tipo, es crucial leer todas las condiciones y limitaciones. Algunas pólizas pueden tener exclusiones que es importante conocer para evitar sorpresas desagradables.
Contratar un seguro de impago de alquiler tiene varias ventajas comparado con otras garantías como avales y depósitos. A continuación, se detallan algunas de ellas:
Estas ventajas hacen que el seguro de impago sea una opción cada vez más popular entre los propietarios que buscan proteger su inversión y minimizar riesgos.
Prevenir impagos y problemas legales es esencial para cualquier propietario. Aquí te ofrecemos algunas estrategias efectivas:
1. Verifica la solvencia del inquilino: Solicita documentación que acredite su capacidad financiera, como nóminas, contratos de trabajo o declaraciones de impuestos.
2. Consulta la Base de Datos de Morosidad Inmobiliaria (BDMI): Esta herramienta te permitirá conocer si el inquilino tiene antecedentes de morosidad.
3. Establece cláusulas claras en el contrato: Incluye cláusulas antimorosidad y especifica las consecuencias de un impago.
4. Mantén una comunicación abierta: Fomenta un buen diálogo con tus inquilinos para resolver cualquier problema de forma anticipada.
5. Considera el uso de un seguro de impago de alquiler: Como se mencionó anteriormente, esto puede ser una excelente forma de protegerte ante impagos.
Implementar estas medidas puede ayudarte a evitar conflictos y garantizar una relación armoniosa con tus inquilinos.
Evitar inquilinos morosos es una prioridad para cualquier propietario. Aquí algunos consejos prácticos:
Adoptar estas estrategias no solo te ayudará a seleccionar inquilinos más confiables, sino que también contribuirá a una gestión más efectiva de tu propiedad.
Establecer un precio de alquiler correcto es esencial para atraer inquilinos de calidad. Aquí algunos consejos:
1. Investiga el mercado local: Conoce los precios de alquiler en tu zona para establecer un precio competitivo. Puedes utilizar plataformas de alquiler para obtener referencias.
2. Considera la calidad de la vivienda: Propiedades en mejores condiciones o con más comodidades pueden justificar un alquiler más alto.
3. Ajusta el precio según la demanda: Si hay alta demanda en tu área, puedes considerar aumentar el alquiler; si la demanda es baja, podría ser beneficioso bajarlo.
4. Ofrece incentivos: A veces, ofrecer condiciones atractivas, como un mes gratis o incluir servicios, puede hacer que tu oferta sea más atractiva.
Establecer un precio adecuado no solo atraerá buenos inquilinos, sino que también minimizará el tiempo que tu propiedad esté vacía.
Se espera que el precio de la vivienda en 2026 esté influenciado por diversos factores, como la inflación, la oferta y la demanda del mercado. Las políticas gubernamentales y las variaciones en las tasas de interés también jugarán un papel crucial. Es importante estar al tanto de estas tendencias para tomar decisiones informadas sobre el alquiler.
Las cláusulas más importantes que no deben faltar son:
1. La duración del arrendamiento: Especificar el tiempo de duración del contrato es esencial para ambas partes.
2. El importe del alquiler y forma de pago: Debe quedar claro cuánto se pagará y cuándo.
3. Cláusula de resolución: Definir las condiciones bajo las cuales se puede rescindir el contrato, ya sea por incumplimiento o por otras razones.
Es difícil predecir con exactitud, pero se anticipa que los precios de alquiler podrían experimentar un aumento moderado, especialmente en áreas con alta demanda. La situación económica general también influirá en el comportamiento del mercado de alquiler.
El costo de un seguro de impago de alquiler varía según la aseguradora y las coberturas incluidas. Por lo general, el precio puede oscilar entre el 3% y el 6% del alquiler anual. Es recomendable comparar varias opciones antes de tomar una decisión.
Si necesitas asesoramiento legal, contacta con nuestro equipo:
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Asesoramiento y defensa en derecho civil, mercantil, laboral, tributario y administrativo.
Asesoramiento y defensa en derecho civil, mercantil, laboral, tributario y administrativo.
Despacho en Palma: asesoramiento judicial y extrajudicial en penal, civil, mercantil, familia y laboral.
Bufete en Palma: penal, familia, civil, mercantil e inmobiliario
Abogado en Barcelona: Civil, Mercantil, Concursal y Procesal
Abogado en Ciudadella De Menorca. Práctica en Derecho Administrativo, Civil y Familiar.
Asesoramiento jurídico en Málaga en Derecho Administrativo, Civil y Mercantil.
Abogado en Málaga: asesoramiento en Derecho Administrativo, Civil, Laboral y Penal
Abogado en Utrera: derecho administrativo, civil, familia, fiscal y mercantil.
Bufete multidisciplinar en Sevilla: asesoría mercantil, inmobiliaria y propiedad intelectual.
Asesoramiento legal en mercantil, civil, inmobiliario y propiedad intelectual.
Asesoramiento jurídico multidisciplinar en Sevilla para empresas y particulares
Gestión de comunidades y asesoría legal en Fuengirola
Abogado de Derecho Civil en Barcelona
Derecho Civil y Mercantil en Barcelona
Abogados especialistas en derecho civil
A&P Barba
Derecho Administrativo | Derecho Civil
Alcalá de Henares
N.º colegiado:
08995379X
A & P Barba Abogados
Derecho Administrativo | Derecho Civil
Alcalá de Henares
N.º colegiado:
08995379X
Carlos Juan Barcelo Frau
Derecho Civil | Derecho de Familia
Palma de Mallorca
N.º colegiado:
4365
Guillem Cladera Gaya
Derecho Civil | Derecho de Familia
Palma de Mallorca
N.º colegiado:
6342
Antoni Baró Casals
Derecho Civil | Derecho Concursal
Barcelona
N.º colegiado:
17253
Ignacio Belmonte Carballo
Derecho Administrativo | Derecho Civil
Ciutadella de Menorca
N.º colegiado:
5457
Bufete Bendodo
Derecho Administrativo | Derecho Civil
Málaga
Daniel Bendodo Benasayag
Derecho Administrativo | Derecho Civil
Málaga
N.º colegiado:
6157
Vicente José Benitez Giraldez
Derecho Administrativo | Derecho Civil
Utrera
N.º colegiado:
10079
Alvaro Benjumea Flores
Derecho Civil | Derecho de Propiedad Intelectual
Sevilla
N.º colegiado:
12582
Daniel Salas García
Derecho Civil | Derecho de Propiedad Intelectual
Sevilla
N.º colegiado:
12058
Benjumea Morenes Felipe
Derecho Civil | Derecho de Propiedad Intelectual
Sevilla
Juan Manuel Bernal Berrocal
Derecho Administrativo | Derecho Civil
Fuengirola
N.º colegiado:
2548
Carlos Belloque Alarcón
Derecho Civil
Barcelona
N.º colegiado:
25063
Jordi Isaac Berruezo Gutierrez
Derecho Civil | Derecho Mercantil
Barcelona
N.º colegiado:
28882
En Alicante, con base