Abogado experto en desinversiones en Las Palmas de Gran Canaria

En Las Palmas de Gran Canaria, las operaciones de desinversión —venta de activos, cesión de participaciones o reestructuración empresarial— requieren coordinación legal, fiscal y registral para minimizar riesgos. La intervención temprana de un abogado que conozca el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) y la normativa mercantil y tributaria española facilita el cumplimiento de obligaciones y la adecuada estructuración de la operación.

Modalidad Procedimiento clave Órgano / trámite Implicación fiscal
Venta de activos (bienes muebles e inmuebles) Due diligence, contrato de compraventa, elevación a público si afecta a inmuebles Registro de la Propiedad de Las Palmas o Juzgados de Primera Instancia para litigios Sujeta a Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) o transmisiones patrimoniales según la naturaleza; consultar ley del IGIC y REF
Venta de participaciones o acciones Comprobación estatutos, pacto parasociales, contrato de compraventa de participaciones Juzgados de lo Mercantil si hay disputas societarias; inscripción contable y registral según LSC Plusvalías sujetas al Impuesto sobre Sociedades o a la normativa del IRPF según el vendedor
Reestructuración / Escisión Proyecto de reestructuración, informes de auditoría y convocatorias societarias Junta general de accionistas y, en su caso, registro mercantil provincial de Las Palmas Tratamientos fiscales específicos previstos en la normativa estatal y en el REF

¿Qué hace y cuándo contratar a un abogado de desinversiones en Las Palmas?

Un abogado especializado en desinversiones asesora en la estructuración jurídica, fiscal y contractual de la operación, realiza due diligence y redacta la documentación (acuerdo de compraventa, pactos de accionistas, garantías). La Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio) marca obligaciones formales que pueden afectar acuerdos societarios y transmisiones, por lo que su cumplimiento requiere revisión jurídica.

Se recomienda contratar al abogado desde la fase de negociación previo a la firma para identificar riesgos legales y fiscales (por ejemplo, contingencias laborales o cargas inscritas) y reservar mecanismos contractuales de protección como garantías, cláusulas de indemnización o escrow.

Servicios y pasos prácticos en una desinversión

Proceso recomendado, en orden:

  1. Due diligence integral: revisión societaria, fiscal, laboral y registral, con identificación de cargas y contingencias; el informe debe incluir referencias a obligaciones fiscales vigentes según la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades y la Ley 58/2003, General Tributaria.
  2. Estructuración fiscal y jurídica: decisión entre venta de activos o de participaciones y análisis del impacto del REF e IGIC en Canarias.
  3. Negociación y cierre: redacción y firma del contrato de compraventa (SPA), condiciones suspensivas, y, si procede, elevación a público e inscripción registral.
  4. Obtención de autorizaciones y cumplimiento posterior: presentación de declaraciones fiscales, liquidaciones y, si procede, comunicación a organismos administrativos.

Cada uno de estos pasos genera documentación que debe conservarse ante posibles comprobaciones de la Agencia Tributaria o del órgano competente autonómico; el plazo general de prescripción para actuaciones tributarias es de cuatro años conforme al artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Órganos competentes en Las Palmas y particularidades prácticas

Partido judicial: Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria. Para controversias mercantiles complejas vinculadas a desinversiones es habitual la intervención de los Juzgados de lo Mercantil con sede en la provincia y de la Audiencia Provincial de Las Palmas para recursos. Para litigios civiles sobre contratos de compraventa, competencia de los Juzgados de Primera Instancia de Las Palmas.

En lo administrativo, si la operación requiere autorizaciones sectoriales (por ejemplo, permisos urbanísticos o de actividad), se deberán tramitar ante el Ayuntamiento correspondiente y, en su caso, ante la Consejería competente del Gobierno de Canarias, que aplica las normas del REF y del régimen autonómico. El Colegio profesional de referencia para consultas deontológicas y búsqueda de letrados es el Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas (ICALP), que expide los certificados y listados profesionales.

Régimen fiscal aplicable en Canarias: IGIC y REF

Las Islas Canarias aplican el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) en lugar del IVA peninsular; la aplicación del IGIC frente a otras figuras fiscales dependerá de la naturaleza del activo transmitido. Además, el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) contiene particularidades fiscales y beneficios que pueden influir en la estructura de la operación y en la tributación de plusvalías.

En el impuesto directo, las ganancias derivadas de la transmisión se integran en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades (Ley 27/2014) o del IRPF según la persona transmitente. Por tanto, la planificación fiscal previa y la comprobación de exenciones o regímenes especiales del REF son decisivas.

Riesgos y advertencia experta con plazo concreto

Advertencia: si no se regulariza una transmisión que deba tributar, la Administración tributaria puede iniciar comprobación o liquidación en el plazo de cuatro años desde el devengo, conforme al artículo 66 de la Ley General Tributaria; dicha actuación puede incluir recargos e intereses de demora.

Además, la falta de comprobación registral o la existencia de gravámenes no revelados pueden permitir al adquirente reclamar responsabilidad contractual o iniciar acciones en los Juzgados de Primera Instancia o en los Juzgados de lo Mercantil de Las Palmas, según corresponda.

Contenido relacionado

Para ampliar información práctica, consulte estos artículos del mismo portal:

Fuente oficial: Boletín Oficial del Estado (BOE) para textos consolidados de la normativa mercantil y tributaria, disponible en https://www.boe.es.

Preguntas frecuentes

¿Qué juzgado debo utilizar en Las Palmas si la controversia es sobre el precio pactado en la venta de un activo empresarial?

Si la disputa se centra en un contrato civil de compraventa de bienes, la competencia corresponderá a los Juzgados de Primera Instancia de Las Palmas; si la controversia está ligada a conflictos societarios o concursales, podrá corresponder al Juzgado de lo Mercantil de la provincia.

¿Cómo afecta el IGIC de Canarias a la transmisión de un inmueble afecto a la actividad empresarial en Las Palmas?

En Canarias, las entregas interiores pueden estar sujetas al IGIC en lugar del IVA; la calificación concreta depende de la naturaleza del inmueble y de si la operación encaja en una prestación sujeta o en una transmisión patrimonial exenta según la normativa aplicable en el REF.

¿Qué actuaciones previas exige el Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas para contratar a un letrado especializado en desinversiones?

El Colegio facilita listados profesionales y puede expedir certificaciones de colegiación; para su propio control deontológico suele ser necesario verificar la colegiación activa del abogado y su ámbito de especialización a través del registro oficial del Colegio.

¿Qué plazo tengo para que la Agencia Tributaria Canaria inicie comprobaciones sobre la tributación de una desinversión?

La Administración dispone de un plazo general de cuatro años para iniciar actuaciones de comprobación y liquidación desde el devengo, conforme al artículo 66 de la Ley 58/2003, General Tributaria.

¿Es necesario inscribir en el Registro de la Propiedad de Las Palmas la venta de un activo inmobiliario empresarial?

Sí, la transmisión de un inmueble debe elevarse a público mediante escritura y luego inscribirse en el Registro de la Propiedad de la demarcación correspondiente para que surta efectos frente a terceros y para garantizar la seguridad jurídica de la operación.


Contenido generado con inteligencia artificial. Tiene carácter informativo general y no constituye asesoramiento jurídico. Para su caso concreto, consulte con un abogado colegiado. Última revisión: agosto de 2026.

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