Mejores despachos de abogados civiles en Granada y sus servicios

Granada pertenece al Partido Judicial de Granada; para asuntos civiles son competentes principalmente los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Granada y, en segunda instancia, la Audiencia Provincial de Granada. Las reclamaciones civiles se tramitan conforme al Código Civil (por ejemplo, art. 1902 sobre responsabilidad civil y art. 1964 sobre prescripción) y a la […]

Abogados en Granada para problemas con créditos ICO: cómo actuar y qué trámites seguir

Los créditos del Instituto de Crédito Oficial (créditos ICO) son préstamos comerciales gestionados por entidades financieras y sujetos al Derecho civil y mercantil: las acciones personales prescriben a los 5 años desde la modificación del Código Civil (art. 1964 CC); las cuestiones concursales se tramitan ante el Juzgado de lo Mercantil; y las reclamaciones por […]

Abogados especialistas en conflictos bancarios en Granada

En Granada las reclamaciones por cláusulas abusivas y otras controversias bancarias se tramitan, en primera instancia, ante los Juzgados de Primera Instancia del Partido Judicial de Granada; la acción para reclamar cantidades prescribe a los 5 años según el artículo 1964 del Código Civil tras la reforma de 2015. Juzgados y órganos competentes en Granada […]

Recursos contra sanciones urbanísticas en Granada: abogados y pasos clave

En Granada, los recursos contra sanciones urbanísticas se tramitan frente a la Administración municipal y, en vía contenciosa, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de la provincia. La normativa aplicable incluye la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de […]

Abogados para reclamaciones por vulneración de derechos ante la administración en Granada

En Granada las reclamaciones contra actos o la inactividad de la administración se tramitan habitualmente ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Granada o, previamente, mediante recursos administrativos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre. La Constitución española reconoce la responsabilidad patrimonial de las administraciones en su artículo 106.2; por ello es clave […]