El régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas está regulado en el Código Penal (art. 31 bis y siguientes); disponer de un modelo de organización y gestión efectivo puede eximir o atenuar la responsabilidad de la empresa si se demuestra su aplicación previa y real ante los órganos judiciales competentes.
Qué es el compliance penal y su base legal
El compliance penal es un conjunto de políticas, controles y prácticas dirigidas a prevenir delitos dentro de la empresa y a detectar conductas contrarias a la ley. La norma aplicable en materia de responsabilidad penal de personas jurídicas se encuentra en los artículos 31 bis y siguientes del Código Penal, que reconocen la posible exención o atenuación de la responsabilidad cuando exista un modelo de organización y gestión eficaz.
Para que un modelo de compliance opere como eximente o atenuante es necesario que sea previo al hecho delictivo, que identifique riesgos concretos, incluya protocolos de control adecuados y mecanismos de supervisión y vigilancia eficaces; así lo exige la doctrina jurisprudencial y la interpretación de los tribunales a la hora de valorar la eficacia del modelo.
Servicios habituales que ofrecen los abogados de compliance en València
Los abogados especializados en responsabilidad penal empresarial en València prestan servicios integrales que incluyen: diagnóstico de riesgos penales, diseño de modelos de organización y gestión (MOG), redacción de códigos de conducta, implantación de canales de denuncia y asistencia en auditorías internas. Cada uno de estos servicios se orienta a dar cumplimiento a los requisitos que exige el artículo 31 bis del Código Penal.
Además de la función preventiva, estos profesionales actúan en la defensa penal de la empresa y sus administradores ante actuaciones judiciales. En València es frecuente que los despachos ofrezcan equipos multidisciplinares para coordinar aspectos laborales, societarios y de protección de datos que complementan el programa de compliance.
Cómo implantar un programa de compliance penal en una empresa (pasos ordenados)
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Evaluación inicial de riesgos: identificar los delitos más relevantes según la actividad (corrupción, fraude, blanqueo, delitos contra la seguridad laboral, etc.). Esta evaluación debe estar documentada y ser verificable por auditorías internas.
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Diseño del modelo: elaborar procedimientos escritos, políticas internas y un código de conducta que incluyan funciones, protocolos de autorización y controles internos que mitiguen los riesgos detectados.
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Implantación y formación: desplegar el modelo mediante formación específica y registros que acrediten la impartición; la formación continuada y la acreditación documental son elementos probatorios ante un juzgado.
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Supervisión y auditoría: crear o designar un órgano de supervisión (compliance officer o comité de compliance) que realice revisiones periódicas y registre las incidencias y medidas correctoras.
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Revisión y mejora continua: actualizar el modelo ante cambios normativos, organizativos o tras la detección de fallos; conservar evidencias de las revisiones para demostrar su adecuación temporal.
Cada etapa debe dejar constancia documental (informes, actas, listados de asistencia, resultados de auditorías) porque la prueba de la eficacia del modelo recae sobre quien pretende la exención o atenuación de responsabilidades.
Órganos competentes en València y trámites prácticos
En el ámbito penal, la instrucción de los hechos corresponde a los Juzgados de Instrucción del Partido Judicial de València; el enjuiciamiento de delitos típicamente compete a los Juzgados de lo Penal. Las apelaciones y los recursos ordinarios se tramitan ante la Audiencia Provincial de València. Para asuntos de responsabilidad civil derivados del delito intervendrán los Juzgados de lo Civil según la naturaleza del procedimiento.
La Fiscalía Provincial de València tiene función acusatoria y de impulso en diligencias por presunta responsabilidad penal de personas jurídicas; su postura sobre la existencia y eficacia de un modelo de compliance influye en la calificación y en la petición de medidas cautelares. A efectos prácticos, cuando se recibe una diligencia policial o citación judicial conviene conservar toda la documentación del programa de compliance que demuestre su implantación previa.
Particularidades administrativas y del entorno autonómico
La Comunitat Valenciana puede dictar normativa sectorial y actos administrativos que afecten a obligaciones de cumplimiento (por ejemplo, en sectores sanitarios, medioambientales o de contratación pública). Es imprescindible revisar los decretos y órdenes autonómicas aplicables al sector de la empresa, ya que sanciones administrativas posteriores pueden concurrir con la vía penal.
En València, además de la vía penal, la intervención de organismos autonómicos o autonómicamente regulados puede implicar la exigencia de medidas correctoras o sanciones administrativas que no sustituyen, pero sí complementan, el análisis penal. Por ello los programas de compliance deben integrar requisitos sectoriales autonómicos relevantes.
Tabla comparativa: servicios de compliance y su finalidad
| Servicio | Qué incluye | Finalidad legal |
|---|---|---|
| Evaluación de riesgos | Matriz de riesgos, identificación de áreas vulnerables y reportes | Detectar riesgos penales y documentar el análisis exigido por art. 31 bis CP |
| Modelos de organización y gestión (MOG) | Procedimientos escritos, protocolos y políticas internas | Prueba de existencia de medidas dirigidas a prevenir delitos y permitir la exención o atenuación |
| Canales de denuncia | Procedimiento de recepción, protección de denunciante y registro de actuaciones | Cumplir obligaciones internas y facilitar la detección precoz de conductas delictivas |
| Auditoría y vigilancia | Controles periódicos, informes de seguimiento y plan de acciones correctoras | Acreditar la eficacia continuada del modelo ante órganos judiciales |
| Defensa penal | Asistencia en diligencias, defensa en juicio y recurso | Representar a la persona jurídica y sus administradores ante los juzgados y la Fiscalía |
Advertencia experta
Para que el programa de compliance alcance valor eximentes o atenuantes es imprescindible que exista con anterioridad al hecho delictivo y que su aplicación sea efectiva; la ausencia de registros, la falta de formación documentada o la inexistencia de controles puede impedir la exención prevista en el artículo 31 bis del Código Penal.
Si se inicia una investigación penal, conservar y presentar auditorías, actas de formación, informes de seguimiento y el registro de incidencias es determinante: la acreditación documental es la prueba que permiten los tribunales para valorar la eficacia del modelo.
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Fuentes consultadas: Código Penal (arts. 31 bis y ss.), práctica forense de los Juzgados y la Fiscalía Provincial de València; se recomienda remitirse a las publicaciones oficiales y al asesoramiento de un abogado penalista especializado para la adaptación sectorial del modelo.
Preguntas frecuentes
¿Cómo puede una empresa acreditar ante un juzgado de València que su modelo de compliance era efectivo antes del hecho?
La empresa debe aportar documentación probatoria: informes de evaluación de riesgos, actas de formación con fecha y lista de asistentes, registros de auditorías internas, protocolos firmados y pruebas de funcionamiento del canal de denuncia. Estos documentos permiten al juzgado verificar que el modelo existía y se aplicaba previamente al hecho.
¿Qué papel desempeña la Fiscalía Provincial de València en los procedimientos por responsabilidad penal de personas jurídicas?
La Fiscalía Provincial puede impulsar diligencias, solicitar medidas cautelares y presentar acusación cuando aprecie indicios de delito. Su criterio sobre la existencia y eficacia del modelo de compliance influye en la calificación del caso y en las peticiones formuladas ante el Juzgado de Instrucción o el Juzgado de lo Penal.
¿Qué diferencias prácticas existen en València entre una sanción administrativa autonómica y la responsabilidad penal de la empresa?
Una sanción administrativa impuesta por la Generalitat o un órgano autonómico se tramita por la vía administrativa y puede conllevar multas o medidas correctoras; la responsabilidad penal es una potestad del orden jurisdiccional penal y puede producir condenas penales o medidas accesorias. Ambas vías pueden concurrir y sus efectos son independientes, aunque la existencia de un modelo de compliance puede influir en ambas valoraciones.
¿Qué documentación suele exigir un juzgado valenciano para evaluar el funcionamiento del canal de denuncias de la empresa?
Los juzgados suelen solicitar el protocolo de funcionamiento del canal, registros de denuncias recibidas, constancia de las actuaciones internas realizadas tras cada denuncia, medidas de protección del denunciante y evidencias de las mejoras implementadas tras incidentes detectados.
Contenido elaborado con apoyo de IA. Carácter informativo. Consulte con un abogado colegiado. Última revisión: Agosto 2026.
