Delitos contra la Seguridad Social: defensa legal en Las Palmas de Gran Canaria

Los delitos contra la Seguridad Social en España se regulan penalmente, principalmente en el artículo 307 del Código Penal, y pueden investigarse simultáneamente en la vía administrativa por la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (RDL 8/2015). En Las Palmas de Gran Canaria conviene conocer qué órganos provinciales intervienen y cómo se articulan las vías penal y administrativa.

Tipos de delitos y referencias básicas

El supuesto más habitual es el descrito en el artículo 307 del Código Penal, que tipifica el fraude a la Seguridad Social mediante la omisión de ingreso de cuotas o la utilización de mecanismos para eludir la obligación. Asimismo, la falsedad documental relacionada con la obtención de prestaciones se encuadra en los artículos sobre falsedad (arts. 392 y siguientes del Código Penal).

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En paralelo, la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre) regula las obligaciones formales y materiales en materia de cotizaciones y prestaciones, y sirve de base para los procedimientos administrativos que tramita la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

Cómo se inicia un procedimiento penal o administrativo

Un procedimiento puede comenzar por una inspección de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por denuncia ante la Administración o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o por oficio a partir de cruces de información. La Inspección puede incoar expediente administrativo y remitir diligencias a la jurisdicción penal si detecta indicios de delito.

En la vía penal, las diligencias las instruye inicialmente un Juzgado de Instrucción; si se considera pertinente, se dicta auto de apertura de juicio oral y el asunto pasa a la jurisdicción ordinaria (Juzgado de lo Penal o Audiencia Provincial según la cuantía y la pena prevista). En la vía administrativa intervienen la TGSS y, en su caso, la jurisdicción contencioso-administrativa para impugnar sanciones.

Qué hacer si te impugnan una alta médica

Si la administración o una mutua pone en duda una situación médica, lo habitual es solicitar la documentación clínica completa y promover los recursos administrativos pertinentes ante el INSS o la entidad que dictó la alta. La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, establece plazos procesales para recursos; por ejemplo, el recurso de reposición suele presentarse en el plazo de un mes desde la notificación del acto administrativo.

Además de agotar la vía administrativa, si procede, la jurisdicción social es competente para cuestiones sobre prestaciones y retribuciones relacionadas con la Seguridad Social. Contar con un abogado que coordine la documentación médica y las acciones procesales es decisivo para preservar derechos.

Juzgados y organismos competentes en Las Palmas de Gran Canaria

En el ámbito penal en Las Palmas de Gran Canaria intervienen, según la materia, los Juzgados de Instrucción y los Juzgados de lo Penal de la ciudad, así como la Sección Penal de la Audiencia Provincial de Las Palmas para asuntos de mayor gravedad o recurso. A nivel administrativo/provincial actúan la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Las Palmas y la Tesorería General de la Seguridad Social con sede provincial.

El órgano profesional de referencia para consultas y derivaciones es el Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas (ICALP), que agrupa a la abogacía de la provincia y mantiene servicios de orientación y listas de letrados especializados. El lugar de tramitación se ubica dentro del Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria y es importante presentar escritos en el registro correspondiente de los órganos mencionados.

Pasos habituales en un procedimiento por delitos contra la Seguridad Social

1. Detección/denuncia o inicio de inspección: la Inspección de Trabajo o la TGSS puede iniciar actuaciones.
2. Investigación y apertura de diligencias: el Juzgado de Instrucción practica diligencias y decide sobre la apertura de juicio oral.
3. Fase de juicio oral: si hay auto de apertura, el Juzgado de lo Penal celebra la vista con presentación de prueba y alegaciones.
4. Sentencia y recursos: la sentencia puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial o mediante las vías administrativas para sanciones de la TGSS.

Advertencia experta

Es relevante recordar que, ante un acto administrativo sancionador, el recurso de reposición o impugnación debe presentarse dentro del plazo de un mes desde la notificación, conforme a la Ley 39/2015; no actuar dentro de ese plazo puede condicionar las vías de defensa posteriores. En sede penal, la existencia de documentación falsa puede activar responsabilidades previstas en los arts. 392 y ss. del Código Penal.

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Fuentes oficiales consultadas: Código Penal (texto refundido vigente), Real Decreto Legislativo 8/2015 (Ley General de la Seguridad Social) y Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, así como la información institucional de la Tesorería General de la Seguridad Social y la Dirección Provincial del INSS en Las Palmas.

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