En el Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria los conflictos relativos a la función pública se tramitan ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y, cuando corresponda, ante los Juzgados de lo Social de la capital. El conocimiento del Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015) y de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común es esencial para la defensa de funcionarios y empleados públicos en esta circunscripción.
| Asunto | Órgano competente | Plazo |
|---|---|---|
| Impugnación de sanción de funcionario | Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas | 2 meses desde la notificación (recurso contencioso-administrativo) |
| Despido de personal laboral en la administración | Juzgados de lo Social de Las Palmas | 20 días hábiles desde la notificación del despido |
| Recurso previo (reposicion) contra acto administrativo | Órgano administrativo que dictó el acto | 1 mes para interponer el recurso potestativo de reposición (Ley 39/2015) |
Qué hace un abogado de derecho público en Las Palmas de Gran Canaria
Un abogado especializado en derecho público en Las Palmas asesora y litiga en materias como: responsabilidad patrimonial, procedimintos disciplinarios, derechos de carrera y provisión de puestos, y contratación pública regulada por la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. Su actuación combina la fase administrativa (recursos potestativos y exposición de motivos) con la vía contencioso-administrativa cuando procede.
En asuntos de personal público, el Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015) regula derechos y garantías; por tanto, la estrategia suele apoyarse en el análisis de la normativa estatal y en la normativa autonómica aplicable en Canarias.
Órganos competentes y particularidades locales
En Las Palmas de Gran Canaria, el partido judicial es el de Las Palmas de Gran Canaria; los recursos contencioso-administrativos se presentan ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de la ciudad y las apelaciones se dirigen a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Para litigios laborales de empleados con contrato laboral, los Juzgados de lo Social de Las Palmas son competentes.
El Colegio profesional de referencia es el Ilustre Colegio de la Abogacía de Las Palmas (ICALP), que agrupa a la mayoría de letrados que ejercen en la provincia y presta recursos deontológicos y formación específica sobre derecho público para sus colegiados.
Pasos habituales para tramitar un caso de función pública (ordenados)
- Reunir la documentación administrativa: acta, notificación disciplinaria, Resoluciones y expediente administrativo completo.
- Analizar concurrencia de plazos y vía procedimental: determinar si procede recurso potestativo de reposición (1 mes según Ley 39/2015) o recurso contencioso-administrativo directo.
- Pedir informe o dictamen jurídico y, si procede, presentar el recurso ante el órgano administrativo para agotar la vía previa cuando sea obligatorio.
- Si se recurre judicialmente, preparar la demanda y presentarla ante el Juzgado competente (Juzgados de lo Contencioso-Administrativo o Juzgados de lo Social según el caso) dentro del plazo establecido (por ejemplo, 2 meses para el contencioso-administrativo).
- Ejecutar las resoluciones favorables y, en su caso, promover las reclamaciones de responsabilidad o recursos posteriores ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Advertencia experta: la pérdida de los plazos procesales (por ejemplo, los 2 meses para la vía contencioso-administrativa o los 20 días hábiles para demandas por despido en la jurisdicción social) puede dar lugar a la inadmisión de la pretensión y a pérdida definitiva de la oportunidad de tutela judicial efectiva. Actuar con rapidez es determinante.
Normativa de referencia y fuentes oficiales
En materia procesal y administrativa resultan de aplicación, entre otras, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Para el régimen del personal público, el Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015) es la norma básica.
Las disposiciones autonómicas de la Comunidad Autónoma de Canarias completan el marco regulador en aspectos concretos de la administración canaria y de sus procedimientos de personal, por lo que conviene valorar su aplicación en cada expediente.
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Preguntas frecuentes
¿Ante qué juzgado debo impugnar una sanción disciplinaria a un funcionario en Las Palmas de Gran Canaria?
Las sanciones administrativas impuestas a funcionarios suelen impugnarse ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria; la apelación corresponde a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
¿Cuál es el plazo para interponer un recurso contencioso-administrativo contra una resolución municipal en Las Palmas?
El plazo general para interponer el recurso contencioso-administrativo es de dos meses desde la notificación del acto, salvo supuestos especiales; antes puede concurrir un recurso potestativo de reposición (1 mes según la Ley 39/2015).
Si soy personal laboral de la administración en Las Palmas, ¿dónde presento la demanda por despido?
Las reclamaciones por despido de personal con contrato laboral se presentan ante los Juzgados de lo Social de Las Palmas de Gran Canaria; el plazo para demandar por despido es de 20 días hábiles desde la notificación.
¿Qué colegio profesional puedo consultar en Las Palmas para localizar abogados de derecho público?
El órgano de referencia es el Ilustre Colegio de la Abogacía de Las Palmas (ICALP), que ofrece buscadores y formación específica para letrados en materia administrativa y de función pública.
¿Qué normativa autonómica de Canarias debo revisar en un procedimiento de función pública en Las Palmas?
Además de la normativa estatal (Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 39/2015, Ley 9/2017), debe revisarse la normativa de la Comunidad Autónoma de Canarias que regula concretamente los procedimientos administrativos y el régimen del personal en la administración autonómica y local.
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