En España las criptomonedas no tienen la consideración de moneda de curso legal; esa posición la mantienen el Banco de España y la CNMV, y su fiscalidad se integra en el marco del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (Ley 35/2006, de 28 de noviembre) y de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).
Concepto básico y régimen fiscal aplicable
Las criptomonedas son activos digitales respaldados por criptografía que registran movimientos en cadenas de bloques (blockchain). Desde la perspectiva tributaria en España, las ganancias derivadas de la transmisión de criptoactivos se consideran ganancias patrimoniales sujetas al IRPF según la Ley 35/2006.
Además, la gestión de obligaciones informativas y el control de la tributación de criptoactivos corresponde a la Agencia Tributaria (AEAT). La Ley General Tributaria establece plazos y reglas de gestión; por ejemplo, el plazo de prescripción de las acciones para la comprobación e investigación tributaria es de cuatro años (Ley 58/2003).
Uso como medio de pago y consecuencias en Canarias
Las partes pueden pactar el pago en criptoactivos, pero en Canarias debe considerarse el Régimen Económico y Fiscal (REF): en muchas operaciones indirectas de consumo no se aplica IVA sino el IGIC (Impuesto General Indirecto Canario). Por tanto, las operaciones vinculadas a actividades económicas realizadas desde Canarias pueden verse sujetas a IGIC en lugar de IVA.
La consideración fiscal concreta depende de la naturaleza de la operación (transmisión de activos, prestación de servicios, intercambio entre criptoactivos). Para personas físicas, las plusvalías se integran en la base del ahorro del IRPF conforme a la Ley 35/2006; para actividades empresariales o profesionales puede surgir tributación en el Impuesto sobre Sociedades o en módulos, según corresponda.
Riesgos y responsabilidades: fiscalidad de NFTs y DeFi
Los NFTs se consideran activos patrimoniales; la venta de un NFT genera, en caso de ganancia, una ganancia patrimonial sujeta al IRPF (Ley 35/2006). En plataformas DeFi, las operaciones que generen rendimientos (yield, swap, préstamos) pueden producir rendimientos del capital mobiliario o ganancias patrimoniales según su naturaleza.
La complejidad de las operaciones DeFi implica obligaciones registrales y de información ante la AEAT en supuestos previstos por la normativa. Por ello, es necesario documentar las operaciones y conservar registros con fecha y contrapartes para poder acreditar costes de adquisición y plusvalías en la declaración.
Recuperación de criptomonedas robadas: pasos y órganos competentes
Recuperar criptoactivos robados exige la combinación de medidas administrativas, policiales y, en su caso, procesales. El primer paso es denunciar ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; paralelamente, la reclamación en sede civil o penal corresponde a los órganos judiciales del Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria.
- Denuncia inmediata ante la Policía Nacional, Guardia Civil o Policía Local y comunicación a la plataforma/exchange involucrado.
- Solicitud de medidas cautelares y cooperación internacional si los fondos han salido al extranjero; competencia de Juzgados de Instrucción y, en su caso, de los Juzgados de lo Penal del Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria.
- Reclamación por la vía civil ante los Juzgados de Primera Instancia para obtener resolución sobre la titularidad y la restitución de bienes.
Para acciones civiles la prescripción general de las acciones personales es de cinco años según el Código Civil (art. 1964), por lo que es esencial actuar sin demora.
Órganos competentes y referencias locales
Partido Judicial: Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria. En esta ciudad son competentes, según la materia, los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados de Instrucción del Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria; los asuntos mercantiles y societarios se tramitan ante los Juzgados de lo Mercantil cuando proceda, y los delitos relacionados con ciberdelitos se investigan en los Juzgados de Instrucción y en la jurisdicción penal.
Para apoyo profesional, el órgano colegial de la provincia es el Ilustre Colegio de la Abogacía de Las Palmas (ICALP), que presta servicios de orientación y dispone de listados profesionales y deontología aplicable. En materia tributaria autonómica, hay que tener en cuenta el REF y el IGIC como elementos diferenciales frente al régimen peninsular.
Servicios habituales que ofrece un abogado en Las Palmas
Un abogado especializado en criptoactivos en Las Palmas suele prestar: asesoría fiscal y tributaria (IRPF, obligaciones informativas ante la AEAT), asesoramiento en contratos y condiciones de uso de exchanges, defensa en procedimientos penales por estafas o apropiaciones indebidas, y asistencia en reclamaciones civiles para recuperación de activos.
También es habitual la elaboración de políticas de cumplimiento (compliance) para plataformas, la asesoría en cumplimiento de obligaciones de prevención de blanqueo de capitales y la representación ante Juzgados y órganos administrativos competentes.
| Situación | Órgano competente | Normativa/Referencia |
|---|---|---|
| Ganancias por venta de criptoactivos | AEAT (gestión fiscal) / Juzgados de lo Contencioso-Administrativo | Ley 35/2006 (IRPF); Ley 58/2003 (LGT) |
| Reclamación por robo o estafa | Juzgados de Instrucción y lo Penal del Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria | Código Penal; Código Civil (plazo de prescripción: art. 1964) |
| Operaciones comerciales/mercantiles con criptoactivos | Juzgados de lo Mercantil / Juzgados de Primera Instancia | Normativa mercantil y normativa fiscal aplicable (REF/IGIC en Canarias) |
Proceso recomendado para declarar criptoactivos
- Registrar todas las operaciones con fecha, importe en euros y contraparte (intercambios, wallets externas).
- Calcular el coste de adquisición y el valor de transmisión en euros en el momento de cada operación.
- Incluir las plusvalías en la declaración del IRPF conforme a Ley 35/2006 y conservar la documentación durante el periodo de prescripción establecido en la Ley General Tributaria (4 años) y, en lo civil, conforme al Código Civil.
Este proceso facilita las comprobaciones ante la AEAT y reduce el riesgo de sanciones por omisión. La Ley 58/2003 regula plazos y procedimientos en materia tributaria y la AEAT publica instrucciones y consultas vinculantes que conviene seguir.
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Fuente oficial citada en el texto: Ley 35/2006 (IRPF), Ley 58/2003 (LGT) y el Código Civil (art. 1964). Consulte las publicaciones de la Agencia Tributaria y el BOE para actualizaciones y notas de práctica administrativa.
Preguntas frecuentes
¿Qué juzgado debo acudir en Las Palmas de Gran Canaria para denunciar el robo de criptomonedas?
Para la denuncia inicial acuda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Policía Nacional o Guardia Civil); las investigaciones penales se tramitan ante los Juzgados de Instrucción y, si existe delito, ante la jurisdicción penal del Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria. Las reclamaciones civiles posteriores se presentan en los Juzgados de Primera Instancia.
¿Cómo tributan las plusvalías por venta de criptomonedas si resido en Gran Canaria?
Las plusvalías derivadas de la transmisión de criptoactivos se integran en la base del ahorro del IRPF según la Ley 35/2006. Adicionalmente, el régimen fiscal canario (REF) y el IGIC pueden influir en operaciones locales vinculadas al consumo; consulte a un especialista para determinar obligaciones concretas ante la AEAT.
¿Existe en Las Palmas algún órgano o colegio profesional que ofrezca orientación sobre abogados especializados en criptoactivos?
Sí. El Ilustre Colegio de la Abogacía de Las Palmas (ICALP) dispone de servicios de orientación y listados profesionales que pueden facilitar la búsqueda de abogados con experiencia en criptoactivos y fiscalidad.
Si una plataforma extranjera niega la devolución de fondos, ¿qué vías tengo desde Las Palmas?
Debe denunciar el hecho ante las Fuerzas de Seguridad para activar medidas penales y solicitar cooperación internacional si procede; en paralelo puede iniciar una reclamación civil ante los Juzgados de Primera Instancia del Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria. Un abogado local puede coordinar ambas vías y solicitar medidas cautelares.
¿Qué plazo tengo para que la Agencia Tributaria revise mis declaraciones sobre criptoactivos?
El plazo general de prescripción para la comprobación e investigación tributaria es de cuatro años según la Ley General Tributaria (Ley 58/2003). Por ello, conserve la documentación de sus operaciones al menos durante ese periodo.
Contenido generado con inteligencia artificial. Tiene carácter informativo general y no constituye asesoramiento jurídico. Para su caso concreto, consulte con un abogado colegiado. Última revisión: agosto de 2026.
