Sobre el despacho
La defensa de pacientes perjudicados por posibles negligencias médicas centra el trabajo de José Antonio Ramos Mesonero, fundador del despacho en 2002. Su actividad se desarrolla en el ámbito del derecho sanitario, con reclamaciones relacionadas tanto con la sanidad pública como con la privada.
En Madrid, el despacho está en el paseo de la Castellana, 18, séptima planta. También dispone de sedes en Barcelona, Málaga y Valencia. Atiende en español y en inglés, y su labor se dirige exclusivamente a pacientes, no a profesionales o centros sanitarios.
En qué casos trabaja
El despacho estudia reclamaciones por daños relacionados con intervenciones quirúrgicas, incluidos los casos de olvido de material en una operación o de tetraplejia y paraplejia derivadas de la cirugía. También aborda posibles negligencias en cirugía estética, en enfermería y en los servicios de urgencias.
Entre los asuntos que trata figuran los errores de diagnóstico prenatal o de ictus, las negligencias en partos y el sufrimiento fetal. Asimismo, examina casos de infecciones hospitalarias, caídas dentro de hospitales y fallecimientos que podrían estar relacionados con una atención médica negligente.
Valoración médica y jurídica
Antes de iniciar una reclamación, se revisa la documentación clínica y se contrasta lo ocurrido desde una perspectiva jurídica y médico-pericial. Para ello, el despacho colabora con peritos médicos. La valoración busca determinar si la actuación sanitaria se apartó de la práctica aceptada y causó un daño al paciente.
Tras ese estudio, el paciente recibe una explicación sobre la viabilidad del caso, la documentación necesaria y los pasos que puede seguir. Si la reclamación es viable, el despacho prepara el informe pericial, estudia la vía adecuada y asume la representación durante el procedimiento.
Dirección del asunto y honorarios
José Antonio Ramos Mesonero lleva personalmente los casos de negligencia médica, con la colaboración de peritos de distintas especialidades. La vía de reclamación se elige según las circunstancias del asunto y puede ser civil, penal o una reclamación patrimonial frente a la Administración.
Los honorarios pueden establecerse a porcentaje y las condiciones se acuerdan antes de iniciar el procedimiento. Cuando el caso se considera viable, también se estudia la indemnización que podría corresponder por los daños acreditados, sin garantizar un resultado concreto.