Abogados especializados en acuerdos extrajudiciales en Madrid

El acuerdo extrajudicial de pagos es una negociación previa a cualquier procedimiento concursal regulada en el Texto Refundido de la Ley Concursal (Real Decreto Legislativo 1/2020). En Madrid, la vía extrajudicial es frecuente para evitar la declaración de concurso y, en su caso, facilitar el acceso posterior al Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI).

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Qué es y marco legal aplicable

El acuerdo extrajudicial de pagos permite a deudores y acreedores pactar la reestructuración o quita de obligaciones sin acudir inicialmente a la vía judicial. Su regulación se integra en el Texto Refundido de la Ley Concursal (Real Decreto Legislativo 1/2020), que establece las bases del régimen concursal y de las vías preconcursales.

Además del Texto Refundido, la práctica procesal en Madrid se articula con las resoluciones y criterios de los Juzgados de lo Mercantil competentes y con las instrucciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre tramitación de asuntos concursales y preconcursales.

Particularidades para Madrid: órganos y Colegio de la Abogacía

Partido judicial: Madrid. Los órganos que intervienen con mayor frecuencia en procesos en que se intenta un acuerdo extrajudicial son los Juzgados de lo Mercantil de la provincia y, para personas físicas sin actividad mercantil, los Juzgados de Primera Instancia de Madrid. Los Juzgados de lo Mercantil de la Audiencia Provincial de Madrid son competentes para la declaración de concurso de empresarios.

En el ámbito profesional, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) es la entidad colegial de referencia en la provincia. El ICAM mantiene servicios de orientación jurídica y listados de letrados especializados en materia concursal y acuerdos extrajudiciales, lo que facilita localizar abogados con experiencia en estas negociaciones.

Tabla comparativa: acuerdo extrajudicial vs concurso

Quién puede solicitarlo y requisitos básicos

Pueden solicitar un acuerdo extrajudicial tanto personas físicas como jurídicas que enfrenten dificultades para atender sus obligaciones. Para empresas mercantiles es habitual que intervengan administradores o apoderados; para personas físicas suele bastar la representación legal del propio deudor.

Un requisito práctico y habitual para que el acuerdo tenga efecto posterior en sede concursal es acreditar que se ha intentado la negociación antes de instar el concurso, conforme al espíritu del régimen preconcursal fijado en el Texto Refundido de la Ley Concursal (RDL 1/2020).

Cómo se inicia: pasos procesales y documentos

1. Evaluación económica: análisis de activos, pasivos y capacidad de pago por un profesional cualificado.
2. Elaboración del plan de viabilidad y propuesta de acuerdo: documento con propuesta de quita, esperas o refinanciación y calendario de pagos.
3. Remisión de la propuesta a los acreedores y apertura del periodo de negociación; en caso de mediación, designación de mediador o uso de servicios de conciliación.
4. Formalización del acuerdo y, si procede, incorporación de las condiciones en posteriores trámites concursales para facilitar el BEPI.

Cada uno de estos pasos conlleva documentación concreta (balances, certificados de cargas, listados de acreedores). La falta de datos claros sobre la masa patrimonial dificulta cualquier propuesta viable y su aceptación por los acreedores.

Ventajas e inconvenientes: consecuencias prácticas

Ventajas: rapidez y confidencialidad respecto a la tramitación judicial, posibilidad de evitar la declaración de concurso y de preservar la actividad económica del deudor. En la práctica, la negociación puede cerrarse en semanas o meses según la complejidad y el número de acreedores.

Inconvenientes: la no aceptación por parte de los acreedores obliga a acudir a la vía judicial; además, un acuerdo mal estructurado puede ser impugnado si contiene vicios o supuestos de fraude. Si el acuerdo fracasa, puede derivarse en una solicitud de concurso cuya tramitación corresponderá a los Juzgados de lo Mercantil competentes en Madrid.

El BEPI (Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho)

El BEPI es la figura que permite, en el marco concursal, la exoneración de determinadas deudas tras cumplirse los requisitos que establece la Ley Concursal. El acceso al BEPI exige, entre otros extremos, acreditar actuaciones de buena fe y no haber incurrido en conductas dolosas o fraudulentas, así como haber intentado soluciones preconcursales cuando proceda.

En la práctica en Madrid, la obtención del BEPI se tramita dentro del procedimiento concursal ante los Juzgados de lo Mercantil correspondientes, que valorarán el cumplimiento de los requisitos legales al resolver la solicitud de exoneración.

Consejos prácticos y advertencia experta

Iniciar la negociación extrajudicial antes de recibir demandas o embargos incrementa las opciones de acuerdo; una advertencia concreta: si se acumulan actuaciones ejecutivas por parte de los acreedores, la situación patrimonial puede empeorar y limitar opciones de reestructuración.

Si se opta por no alcanzar acuerdo y se solicita el concurso, los plazos y efectos procesales estarán regulados por el Texto Refundido de la Ley Concursal (RDL 1/2020) y por la normativa procesal aplicable; por tanto, documentar y probar los intentos de negociación suele ser determinante en la valoración judicial posterior.

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Fuente oficial: Texto Refundido de la Ley Concursal (Real Decreto Legislativo 1/2020) y criterios generales del Consejo General del Poder Judicial aplicables a la tramitación de asuntos concursales y preconcursales.

Contenido generado con inteligencia artificial. Tiene carácter informativo general y no constituye asesoramiento jurídico. Para su caso concreto, consulte con un abogado colegiado. Última revisión: agosto de 2026.